La deriva autoritaria
del gobierno venezolano sigue preocupando en el mundo. El rechazo es creciente.
Sólo sus socios ideológicos y crematísticos, incluidos los corruptos de la
región, alcanzados hoy por la justica, siguen apoyándolo.
Luego del formidable
triunfo de la oposición en diciembre pasado, que alcanzó los 2 tercios de la
representación popular, el oficialismo ha pretendido desconocer las
competencias constitucionales del parlamento, utilizando para ello un tribunal
supremo indigno y abiertamente fraudulento, que con interpretaciones acomodaticias e
inconstitucionales pretende darle cobertura a
sus actuaciones y mantenerlo en
el poder a como dé lugar.
Esto ha generado un
choque de poderes que ya se esperaba, aunque no al extremo de desconocer la
voluntad popular expresada en los comicios, como ha ocurrido con la última
decisión de la sala constitucional, que busca disminuir el poder contralor de
la Asamblea Nacional.
Esta decisión es la
reiteración de la conducta arbitraria que ha caracterizado al gobierno
chavista.
Bien mirada y
analizada, ella puede ser considerada, no sólo como violatoria de expresas
normas constitucionales, sino también de preceptos establecidos en tratados
internacionales vigentes en nuestro país.
La mayoría opositora
ha acordado solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana
(CDI). A ella se han sumado, parlamentarios de otros países y varias decenas de
ex presidentes y personalidades mundiales. En campaña electoral, el hoy presidente
de Argentina, Mauricio Macri, también planteó el asunto. Incluso, el secretario
general de la OEA, Luis Almagro, ha emitido opiniones que traslucen una
inclinación favorable a un eventual
escrutinio colectivo del régimen venezolano.
En otras ocasiones he
expresado mi opinión al respecto. Parto de una caracterización del régimen
venezolano que lo señala como un sistema neoautoritario, militarista y con
vocación totalitaria. Sin duda, un híbrido, que echa mano de los mecanismos
democráticos, para desvirtuarlos, corromperlos y vaciarlos de sus contenidos
esenciales, con vista a imponer una tiranía. Muy bien lo describe Jean Maninat:
“es un movimiento envolvente y progresivo que fue cerrando las llaves que
oxigenaban la independencia de los poderes (…), para transformarlos en simples taquillas donde se tramitan de
forma expedita y eficiente, las órdenes que bajan de Miraflores”.
La llamada Cláusula
democrática, contenida tanto en la CDI como en Mercosur y otros entes
internacionales, prescribe que los países deben adecuarse a ciertos estándares
democráticos mínimos, pues de lo contrario son susceptibles de sufrir
sanciones.
La CDI, cuyo órgano
de aplicación es la OEA, pauta un procedimiento en caso de que en país miembro
se den “situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso democrático
o el legítimo ejercicio del poder (…) o de ruptura del orden democrático o una
alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático
en un Estado”. (artículos 18, 19 y 20 ejusdem).
Se ve, al menos, dos
situaciones de afectación. Una, por ejemplo, un golpe de Estado contra un
gobierno legítimo; y otra, una alteración del orden constitucional de tal
gravedad que afecte el orden o proceso democrático.
¿En cuál de estas dos
situaciones podría subsumirse el caso Venezuela? En la primera, obviamente, no.
Los golpes de Estado se dan contra gobiernos
Y en la segunda, no
es fácil la respuesta, desde el punto de vista jurídico. ¿Qué entenderían los
gobiernos por alteración del orden constitucional?
De allí que no sea
fácil tampoco para un gobierno de un país miembro de la OEA -en caso de que se
aprobara considerar una solicitud del Secretario General, el Consejo Permanente
o de un país miembro el problema de Venezuela- asumir una posición.
A mi juicio, en
nuestro país se configura una grave alteración del orden constitucional que
afecta su desarrollo democrático, y que amerita que la OEA tome cartas en el
asunto. Mi interpretación, como venezolano, es producto de una apreciación de
los hechos que abarca más de tres lustros. No se centra sólo en las últimas
infracciones a la Constitución nacional. El orden constitucional venezolano ha
sido más que dañado, pervertido, y ha creado una crisis sistémica que pone en
peligro la paz no solo doméstica, también regional.
En su valoración ¿los
gobiernos de la OEA tendrían la misma opinión que la de venezolanos que hemos
presenciado los atropellos a los derechos humanos, el desconocimiento del
Estado de Derecho, las arbitrariedades y abusos de toda naturaleza del gobierno
chavista? ¿Tomarían en cuenta todos estos elementos?
Está claro que a luz
de la normativa de la CDI, son los gobiernos los que en definitiva decidirían
analizar o no la situación política particular de un país, o eventualmente,
tomar una medida sancionadora. Sin un amplio concurso de ellos, sin su
anuencia, no hay posibilidad de que se “active”
el mecanismo. El Derecho Internacional sobre la Democracia no tendrá
fortaleza ni eficacia sino está detrás una voluntad política responsable
fundada en principios compartidos.
Aunque son valiosas e
importantes algunas iniciativas, no bastaría que los parlamentos de la región
se pronunciaran en favor de una evaluación multilateral de la situación
venezolana en el seno de la OEA.
Hace falta que los
gobiernos lo hagan también, son ellos los jurídicamente legitimados. La plena
vigencia de la cláusula democrática en nuestro hemisferio sería un gran paso
concreto hacia la consolidación de los principios universales democráticos, lo
que significa, igualmente, el cumplimiento de un deber moral ineludible. Es
menester una acción política e institucional que vaya más allá de la retórica
para convertirse en realidad viva. La credibilidad de los líderes de la región
aumentaría ante sus gobernados. Ganaría la democracia, la institucionalidad
interamericana, todos ganaríamos. Y Venezuela, por supuesto.
Emilio Nouel V.
emilio.nouel@gmail.com
@ENouelV
Yaracuy - Venezuela
